Las prendas extremadamente baratas, diseñadas para durar apenas una temporada, generan mayor huella ambiental
Redacción
La llamada fast fashion o moda rápida ofrece ropa barata y de tendencia, pero también genera 12 kilos de residuos textiles por persona al año en Europa, y apenas un 1 % se recicla en nuevas prendas.
Ante este problema, la Unión Europea (UE) y varios países han empezado a usar los impuestos y las normas fiscales como herramientas para frenar un modelo que produce mucho, vende barato y desecha rápido, informa The Conversation.
Hasta 2021, millones de paquetes de plataformas como Shein o Temu llegaban a Europa sin pagar IVA si costaban menos de 22 euros. Era una ventaja injusta frente a las tiendas locales. Desde entonces, todas las importaciones pagan IVA.

La Comisión Europea quiere ir más allá. Por una parte, propone la introducción de una tasa de tramitación de 2 € por cada envío a la UE. Por otra, quiere eliminar también la exención arancelaria de 150 €, de modo que incluso los pedidos pequeños paguen derechos de aduana.
Un impuesto por prenda de moda rápida
Francia es el primer país europeo en aprobar un impuesto contra la moda rápida. En junio de 2025, el Senado dio luz verde a una ley que introduce un sistema de penalización progresiva por prenda (bonus-malus). Las marcas de ultra fast fashion (moda ultra rápida) deberán pagar 5 euros extra por artículo, lo que encarecerá especialmente camisetas, vestidos o pantalones de bajo coste.
Con este sistema, el Estado francés lanza una señal clara: las prendas extremadamente baratas, diseñadas para durar apenas una temporada, deben pagar por el daño que generan. Al mismo tiempo, se premia a aquellas marcas que fabrican ropa más duradera, reciclable y con menor huella ambiental. Es un modelo inspirado en los impuestos ambientales que ya se aplican en carburantes o plásticos de un solo uso.

Otros países han optado por incentivar la reparación. En Suecia, el IVA para arreglos de ropa y calzado bajó del 25 % al 12 %. En Países Bajos, el tipo reducido del 9 % se aplica a servicios como coser agujeros, cambiar cremalleras o ajustar tallas.
España, fiscalidad pendiente
En España, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece que, a partir de 2025, las marcas textiles deberán financiar sistemas de recogida y reciclaje, además de informar sobre la durabilidad y reparabilidad de sus productos.
Es un paso adelante, porque obliga a las empresas a asumir costes que hasta ahora recaían en los municipios y los contribuyentes. Sin embargo, el gran reto sigue siendo la fiscalidad.
Fuente: The Conversation