Una localidad de Guadalajara (España) obliga a los propietarios de perros a obtener el ADN de sus canes, que será cotejado con el de los excrementos en la calle
Redacción
Alovera, con cerca de 13.000 habitantes, es el tercer municipio de la provincia de Guadalajara en población. En este municipio del Corredor del Henares, cercano a Madrid, se calcula que hay unos 2.000 perros. Todos ellos han estado obligados a facilitar su ADN antes del 1 de marzo. El objetivo: identificar el origen de las cacas de perro que abundan en las calles de este municipio y que se han convertido en un problema.
El Ayuntamiento de Alovera costea la extracción del ADN en una clínica veterinaria de la localidad. Para ello, los perros se someten a una prueba similar a la de la PCR de los humanos para detectar la Covid: se introduce un bastoncillo en sus fosas nasales. Sus datos se registran y el perro queda identificado con una chapa con código QR. Antes, el animal debe ser inscrito en el censo municipal canino, lo que sólo cuesta 5 euros.
Si un agente de la Policía Local encontrara una defecación canina en la calle no tendrá más que comunicar el hallazgo a una empresa especializada que ha sido contratada por el ayuntamiento y que se encargará de identificar a su autor. La multa en este caso oscilará entre 600 y 750 euros, cantidad que se incrementará en caso de reincidencia. Si algún propietario optara por no incluir a su perro en el censo genético y fuese descubierto, la sanción sería de 400 euros.
«La mayoría de la gente es responsable pero hay algunos que no lo son y veremos si de esta forma se convierten en responsables», indica la concejala de Participación de Alovera, María Jesús Payo. La suciedad que los excrementos caninos estaban originando en este pueblo se estaba volviendo «insostenible», según su ayuntamiento, que ha decidido destinar 88.000 euros en esta iniciativa a la que se sumará una campaña de concienciación ciudadana para acabar con la presencia de estos residuos en las aceras
Fuente: Canarias 7
